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Regional

CONTRALORIA DE LA REPÚBLICA REVISARÁ LA CONTRATACIÓN DE MERCADOS COVID-19 EN IBAGUE

La investigación se reanuda después de la decisión tomada por la Contraloria Municipal de Ibagué, donde exoneró de toda responsabilidad al alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, de los presuntos sobrecostos en la adquisición de 52 mil mercados para el abastecimiento nutricional de la población vulnerable del municipio de Ibagué, en el marco de la declaración de la urgencia manifiesta para atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus  Covid-19.

Según resolución ordinaria Número ORD – 80112- 0936 – 2020 de fecha 26 de junio, la Contraloría General de la República a cargo de  Felipe Córdoba decretó «la intervención funcional de oficio sobre los objetos de control que se identifican a continuación, con el fin de que la Contraloría General de República asuma su conocimiento directamente.

El contrato firmado por la exsecretaria de Desarrollo Social Martha Villarreal, en calidad de ordenadora del gasto, en representación de la alcaldía de Ibagué  y la cadena  Mercacentro, para el suministro de  52 mil mercados que cubriría la necesidad de miles de familias ibaguereñas, ocasionada por el aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el gobierno en todo el territorio nacional, para atender la emergencia del Covid-19.

El contrato No. 236 de fecha 27 de marzo del año en curso, por un valor de $5.575.338.660 para la compra de 52 mil mercados, bajo la vigilancia y control fiscal la Contraloría Municipal, donde inicialmente arrojó presuntos sobrecostos  y después con mucha sorpresa, dio un resultado adverso al entregado inicialmente.

Esto produjo la reacción de  los concejales de la ciudad y diputados del Tolima declarados en oposición al gobierno municipal y departamental, quienes  denunciaron ante los organismos de control a nivel nacional, todas las posibles irregularidades en dicha contratación y donde se colocó en entredicho la decisión tomada por la Contraloría Municipal de Ibagué.

Situación que llevó a reabrir la investigación donde el ente fiscalizador a nivel nacional indagará las inconsistencias que puedan existir en torno a dicha contratación y sin ninguna clase de presión, dé a conocer finalmente los verdaderos resultados de su intervención.

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