Opinion

EL FRAUDE EN LA FACTURACION DEL COBRO DE ENERGIA ELECTRICA (Parte I)

Es inaplazable, solidarizarse con la ciudadanía atropellada con el desmedido e injustificado incremento en las facturas  de la Prestadora del servicio de energía eléctrica CELSIA, considerando la cantidad de quejas de los usuarios y los graves daños que ocasiona a los recursos de los sectores más necesitados, a los que parece se les infringe el mayor castigo al presentarse incrementos que llegan hasta el 200% y más, en los estratos 1,2 y 3, como lo denuncian en forma unánime los afectados; quejas a la que se acoge este medio, junto a muchos más, para trasmitirlas a la opinión, autoridades de control y vigilancia, y al mismo Ministerio Publico, para que actúen en defensa de los derechos e intereses de los usuarios de los servicios públicos esenciales.

La mala traza en la provisión eléctrica del Tolima:

Es fundamental, en principio,  recordar el origen y configuración comercial de Celsia mostrando el perfil empresarial y el tamaño económico del grupo Argos, una empresa de origen antioqueño,  fundada en Medellín en 1934 como compañía de Cemento Argos, la que en 2019 adquirió, a través de su filial Epsa, los activos de energía en el Tolima tomándolos de Enertolima, compañía perteneciente en un alto porcentaje a los no bien recordados hermanos Nule Velilla, y a su primo Alberto Ríos Velilla, también empresario con poca trasparencia en sus negocios. El Grupo Argos, posee el 52.8 de la cementera con su nombre, el 52.9 de Celsia y el 99.9 de Codensa. El grupo cuenta con un activo consolidado de 51 billones de pesos, un patrimonio de 26.5 billones y un crecimiento promedio de 16.9% de 2012 a 2019. Tiene ingresos por 16.8 billones, de los cuales el 24.7% corresponden a energía. Celsia, por su parte, acredita contar con más de un millón cien mil clientes que incluyen 430 mil cedidos por Enertolima.

Al antecedente por el cual se liga Celsia al emporio económico que controla el más alto porcentaje del manejo de energía eléctrica en el país,  se impone mirar en retrospectiva, y suscitamente, los negocios que dieron origen a la apropiación de los activos fiscales del Departamento para la prestación del servicio de energía eléctrica, por parte de empresarios privados y a raíz de la privatización de la empresa pública Electrolima mediante procesos obtusos, irregulares y altamente nocivos al patrimonio del Ente Territorial.

Es preciso señalar, que en agosto de 2003 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de la Electrificadora del Tolima SA ESP. Tras esta determinación, el  Ente estatal tomó el control de la electrificadora creándose a Enertolima, empresa mixta, a la que su antecesora cedió el contrato de condiciones uniformes  junto a los activos para la operación propios de la prestación.  A su vez,  la operación de venta de los activos de la  intervenida Electrificadora el Tolima se realizó en mayo de 2006, mediante remate en el que intervino la empresa Kapital Energy, no favorecida, al ser adjudicado al consorcio Empresa de Energía del Combeima, con una oferta de $251 mil 613 millones, consorcio integrado por la Empresa de Energía de Pereira, Servicio Integrales del Valle y Enelar Pereira, tres empresas propiedad del inversionista Alberto Ríos Velilla, también propietario, junto a sus hermanos, de muchas empresas nacional e internacionalmente.

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La otra joya de la electrificación en el Tolima, la Hidroeléctrica de Prado, construida con el esfuerzo y patrimonio del Departamento, igual que Electrolima, no corrió mejor suerte en los sistemáticos despojos perpetrados por la Nación, que dieron al traste con los activos territoriales por cuenta de negocios leoninos y apropiaciones fraudulentas de estos bienes departamentales, que fueron enajenados sin ningún beneficio reciproco para la Región. Este otro activo, con la complacencia y venia de las Autoridades departamentales y Nacionales fue entregado por Gensa, propietaria del bien, a la empresa Epsa, Energía del Pacifico, por oferta de $105.000 mil millones hecha en subasta pública en julio de 2007.  El gobierno Departamental no hizo uso de la primera opción de compra que le correspondía, ni adelanto gestión alguna para adquirir el 13% de la central durante el año siguiente, como le concediera la adjudicataria.

Finalmente, cerrando el círculo de extracción de bienes fiscales de la Nación por un reducido círculo de empresas privadas, en lo atañedero al asunto tratado, en marzo del año anterior, la misma empresa Epsa, filial de Celsia y a su vez parte del conglomerado Argos, compro Enertolima en un negocio que ascendió a 1.68 billones de pesos. La adquisición incluye no solo los activos de la comercialización, sino también activos físicos consistentes en 75 subestaciones eléctricas, 11 mil kilómetros de red de distribución, y herramientas técnicas y tecnológicas aptas para la operación.

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El organigrama del monopolio en los servicios públicos domiciliarios.

Tras observar la retrospectiva histórica de los negocios, tras la situación del comercio de la energía eléctrica, queda claro que la prestación de los servicios públicos en Colombia, y el de energía eléctrica en especial, están siendo acaparados en un ejercicio monopolístico por grandes conglomerados económicos, en un reducido círculo de propietarios, y variadas empresas que, a golpe de manipulación, corrupción y cohonestacion con los funcionarios públicos, han privatizado en su único beneficio la prestación de servicios públicos domiciliarios, para convertirla en un negocio de tal magnitud y libertad de empresa que los Estamentos de control y vigilancia, ni autoridad ninguna, reparan en sus desafueros, irregularidades y desmesurado incremento de tarifas, pese a tratarse deuna actividad regulada.

Acontece así con el proceso de desaparición de la regulación tarifaria que ha emprendido Celsia, sin el más mínimo pudor profesional ni empresarial, infringiendo un castigo temerario y cuasi delictual contra los usuarios del servicio. Vemos que, en una situación tan apremiante  como es el confinamiento, ha aprovechado esta sensible situación de la población para trasformar a su amaño todo el proceso legal y reglamentario instituido para cuantificar y valorar el consumo, violando íntegramente el procedimiento legal, incurriendo en desacato a resolución judicial cuando se ha negado a cumplir la resolución 058 de abril de 2020 de la CREG,  cuando incrementa el precio del kilovatio a niveles absolutamente irregulares, cuando programa la facturación mediante el mecanismo de promedio, negándose deliberadamente a hacer lectura de los contadores, cuando se aparta de cumplir la ley al no informar en la facturas las lecturas ni el rango del consumo,  cuando en las facturas de abril no incluye el valor del consumo bajo el supuesto, tácito, de que proyecta el pago al plazo ordenado por a CREG, y, otra cantidad de errores y actuaciones nocivas para los usuarios, que serán  mejor tratados en el decurso del tratamiento público que debe darse a estos ataques de Celsia, propósito que requiere la intervención y participación decidida y resuelta de toda la ciudadanía, interés al que nos sumamos, y para el que estamos dispuestos y preparados para contribuir y apoyar a quienes lo necesiten y lo pidan.

No está oculto, que  enfrentamos un deliberado interés de hacer daño a los usuarios, de un enriquecimiento sin causa, y un claro apartamiento del Ordenamiento Legal, si se tiene en cuenta que la Prestadora ha insinuado conceptos ilógicos y absurdos, salidos de la realidad, como justificación para llevar a cabo su maléfico plan. No es posible, que por la supuesta imposibilidad de leer los contadores, bajo el supuesto de amparar a sus trabajadores del contagio, haya impuesto tarifas por promedio, cuando operarios de todo orden se ven cotidianamente cumpliendo sus funciones sin consideración al confinamiento, lo que hacen revisando contadores, cambiando, modificando y mejorando redes de trasmisión urbanas, entregando facturas, y realizando todas las labores inherentes  al funcionamiento y buena prestación del servicio, como lo impone la ley.

Noticias UNO, entre los medios que recogen la inconformidad por esta otra pandemia que se padece a nivel nacional, informó que la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios ha recibido 12.838 quejas, hasta ese momento, por los abusos de las prestadoras de servicios públicos, correspondiendo el más alto porcentaje a quejas por prestación de la energía. Ha dicho la Superintendente, que las tarifas son reguladas, y los operadores deben someterse a las directivas de la CREG, de la misma Super, y a las disposiciones légales que regulan esta materia. A nivel local, el Señor Personero ha manifestado su desacuerdo enviando sus reparos a la Prestadora, se queja de la falta de coordinación y coherencia en los argumentos ofrecidos por Celsia para no hacer las lecturas, modificar arbitrariamente el procedimiento en la operación, aumentar desmesuradamente las tarifas y no ceñirse a las disposiciones legales, de acurdo a la forma como se está tratando el manejo de la prestación. También, la Procuraduría ha prometido intervenir por efecto del gran volumen de quejas e inconformidad de los usuarios.

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Solicitud a las Autoridades a que tomen cartas en el asunto:

No obstante, se requiere y se pide al Ministerio Público, y sus delegados, actuar con celeridad y eficazmente a fin de poner remedio a tan grave calamidad pública que tanto perjudica la economía de las familias, sobre todo aquellas con mayor necesidad y, por ende, son afectadas en su mínimo vital y vida digna, en tanto los ingresos de los sectores de población bajo el umbral de pobreza son menoscabados inmisericordemente por el alza desmedida de las tarifas, si es que el presupuesto de esas familias diera para asumir el abusivo incremento, o, de otra manera, tendrían que sufrir los cortes del servicio ante la imposibilidad de sufragar su pago.

En el mismo orden de responsabilidad, corresponde a las Alcaldías y a la Gobernación, como Autoridades encargadas Constitucionalmente de garantizar la eficiente y oportuna prestación de los servicios públicos domiciliarios, activar sus facultades a necesidad de intervenir ante los Órganos del Gobierno Central encargados de tomar medidas contra los desmanes denunciados por el gran número de afectados, y tomar medidas locales para apoyar en sus reclamos y reparaciones a la masa de usuarios víctimas de la defraudación.

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