Es esta la segunda parte de tres entregas orientadas a ilustrar e informar el fatal desarrollo de la contratación para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, a partir de la entrega sistemática que durante 30 años han hecho los gobiernos de turno a la empresa privada, concentrada en unos pocos empresarios de dudosa reputación comercial, que han organizado un concierto para defraudar y esquilmar a los usuarios con toda clase de artimañas y acciones irregulares, con las que imponen las condiciones del mercado con tarifas sobrevaloradas, mala prestación del servicio y la imposición de políticas y formas para manejar el negocio, a su amaño y codicia.
Contubernio empresarios gobernantes para expropiar al Estado:
La remembranza histórica adquiere importancia, para mostrar que grandes empresas multinacionales de origen nacional, se están apoderando sistemática y deliberadamente de todos los bienes productivos de la Nación, dentro del sórdido plan neoliberal dirigido a la privatización del Estado, diseñado con esmero e inmerso en políticas trasnacionales cuyos propósitos se reflejan en los efectos socio-económicos que enfrentamos ahora, e implementados desde la segunda mitad del siglo XX. En el orden local, el nefasto plan antidemocrático se ofrece como respuesta y bajo presión por el inmenso auge del narcotráfico y la violencia que lo nutre, de lo que fuimos, y seguimos siendo, epicentro.
Muchas coincidencias asisten a los negocios de enajenación de los bienes productivos del Departamento, que se tratan, respecto de sus compradores. Epsa, actual filial de Celsia, es la misma empresa con la que se adelantaron los negocios de venta de Hidroprado en 2007 y Enertolima en 2019. Enertolima, compro lo poco que quedaba de la Empresa de Energía de Pereira, que también lucho infructuosamente por evitar la expropiación; las dos empresas entonces quedaron en poder de Alberto Ríos Velilla y sus Primos los Hermanos Nule; estos también salieron favorecidos en la adjudicación de la doble calzada Bogotá-Girardot. Quepa recordar, que en la licitación donde fuera rematada Electrolima intervino otro poderoso empresario nacional, el Señor William Vélez, también con negocios en el mercado de la electrificación, operador de Interaseo Ibagué, y contratista con el Alcalde anterior para el alumbrado en el estadio Manuel Murillo Toro.
El debate cobra vigencia, entre el flujo de coincidencias, porque en este momento se perfila otro escándalo ensombrecido por la pandemia, aislado en el confinamiento y silenciado entre tapabocas. Se trata de la adjudicación de Electricaribe en marzo de 2020, después de múltiples contratiempos, pugnas y manejos propios para la consumación de las expropiaciones de bienes oficiales, como se registra durante 30 largos años. En esta puja también conto como oferente el antioqueño William Vélez. El negocio se abrió para la venta y adquisición de las dos nuevas sociedades creadas a partir de la liquidación de Electricaribe, a saber: Caribe Sol que cubre Atlántico, Magdalena y Guajira, y, Caribe Mar que cubre Bolivar, Cesar, Sucre y Córdoba.
La adjudicación del primer sector quedo en cabeza de Consorcio General de la Costa, empresa de reciente constitución conformada por Empresa de Energía de Pereira y Latín American Corporation, las dos del empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla. El sector correspondiente a Caribe Mar se adjudicó a la Empresa de Servicios públicos de Medellín E.P.M.. Esta, no fue oferente inicialmente por limitaciones operativas de acuerdo a parámetros de la CREG dentro de las políticas del Organismo Estatal orientadas a controlar concentraciones hegemónicas en el mercado. No obstante, fue ampliado el límite y E.P.M. finalmente entro en la puja, pese a las dificultades económicas y técnicas que enfrenta a raíz del controvertido proyecto Hidroituango.
Lo inaudito de la adjudicación, es que no se conocen cifras alrededor del negocio. No se conoce el precio base, tampoco las ofertas ni el valor del remate. Todo el procedimiento se mantiene en absoluto secreto. El Senador Jorge Robledo advierte que el valor de la enajenación no puede ser inferior a 2.76 billones, pero uno de los oferentes, se especula, solo pago 285 mil millones.
El escenario político del despojo:
No puede pasarse por alto, el influjo del poder político en estos desvaríos administrativos de los funcionarios públicos. No puede soslayarse, porque de allí derivan los males contra el patrimonio público observados en el desarrollo histórico de los acontecimientos.
El proyecto de privatización de los servicios públicos prestados por el Estado, igual que los activos y valores accionarios alrededor de las empresas públicas, se visualiza, para el sector energético, a partir de 1991, siendo Presidente Cesar Gaviria Trujillo, el impulsor visible del plan. En su gobierno, se propició el apagón más intenso y pronunciado que haya conocido el país, único y no repetido desde entonces. En aquella época, se vendió la idea de incapacidad e imposibilidad del Estado para garantizar la prestación del servicio y, por ello, la necesidad de que la prestación estaría mejor al cuidado de la empresa privada. El primer «corte» frontal al erario público en este periplo eléctrico, se menciona en aquel año con la contratación multimillonaria de unas barcazas traídas para apoyar el suministro, sin ningún resultado.
En ese año, se inician grandes cambios políticos, económicos y sociales en Colombia, derivados de la nueva Constitución, y su proximidad con la muerte de Pablo Escobar en 1993. En la década, hasta el año 2000, se vive el más alto incremento de la actividad guerrillera que se haya conocido, y frustrados intentos de acuerdos de paz con ese grupo armado, la aparición sistemática de grupos paramilitares de cuya actividad derivaron guerras territoriales y de dominio de rutas del narcotráfico entre todos los grupos armados, que dejaron manchado de sangre el territorio nacional. También, se inició la apropiación, por parte de la Nación, de los activos productivos de los Territorios, retractando trasferencias, auxilios, aportes y convenios suscritos con anterioridad. La primera década del siglo XX, marca su inicio, en 2001, con la realización del nefasto pacto de Ralito, o “pacto de refundación de la patria”, como lo llamara Mancuso, el poderoso jefe paramilitar que lo promoviera, y lema que repitieran insignes y notables padres de la Patria; así, se abrió una etapa de infeliz recordación por encerrar la más alta criminalidad, despojo de tierras con ataques genocidas a la población inerme, desplazamientos multitudinarios, crímenes de estado perpetrados por la fuerza pública, cruentas masacres, muerte y persecución de periodistas, humanistas; y, con todo esto, la asunción al gobierno de personajes de reconocida trayectoria paramilitar, y, con ellos, la continuidad y aceleración de la venta indiscriminada de los activos de la Nación y territoriales, de manos del Presidente de la época, 2002-2010, Álvaro Uribe Vélez.
Es en este último marco temporal, se dio la venta de los activos energéticos del Tolima promovida y ordenada por el Presidente. Electrolima en mayo de 2006 e Hidroprado en julio de 2007. Con sospechosa celeridad fueron enajenadas las dos empresas, en un paquete completo entregado al amparo de la negligencia, incapacidad y desinterés de políticos y gobernantes locales. El gobernador en aquel tiempo, Fernando Osorio Cuenca, fue totalmente pusilánime en el manejo de estos negocios para actuar en beneficio de los intereses del Departamento y, simplemente, se plegó a las exigencias presidenciales, especialmente, por el interés del Primer Mandatario de orientar el producto de la venta de Hidroprado al pago de deudas con Termopaipa en Boyacá, lo que efectivamente sucedió sin dejar un centavo a los locales, incumpliendo la promesa de invertir en infraestructura vial para la región, y otras necesidades. Quien lo sucedió, el Gobernador Oscar Barreto, no mostro ningún interés en corregir los entuertos de su antecesor, con el que compartieron investigaciones de diversos ordenes, y se cuidó de no emprender ejercicio jurídico alguno por reclamaciones sobrevinientes, permaneciendo fiel al lema con el que tomo posesión del cargo en 2008, cuando se identificó como el gobernador “más uribista de los uribistas”.
