Opinion

EL FRAUDE EN LA FACTURACION DEL COBRO DE ENERGIA ELECTRICA (Parte III)

Siendo esta la última entrega en esta secuencia temática, es importante tener en cuenta que la memoria y muestreo de los acontecimientos históricos que preceden la actualidad  ilustran el verdadero contenido social de una situación cuya reorientación y corrección pende, en este momento, ya y ahora, exclusivamente de los ciudadanos, de todas la personas mediante la toma de conciencia colectiva que nos lleve a actuar en consecuencia y armónicamente contra la agresión, atentados y amenazas a la vida y la supervivencia de los administrados que infringe el establecimiento gubernamental, entiéndase las tres ramas del poder público, violentando a toda la masa de personas que integramos el Estado, en este país.

Manipulación y estratagemas mentirosas. Las cifras del engaño:

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Ahora bien, reconociendo el marco de referencia que envuelve la operación de prestación de servicios públicos domiciliarios, y el de energía a raíz del desbordado aumento de tarifas, es bueno hacer una observación a las cifras que dieron pie al manejo de la prestación por conglomerados económicos interconectados entre sí, que conforman un monopolio irreductible para manejar a su amaño políticas, estrategias, calidad, continuidad de la prestación, y hasta tarifas y libertad de atender o no, o deficientemente, las regulación imperante, actuando por encima de las Autoridades  del Ramo y por fuera de la misma ley.

No es permisible olvidar los atropellos, cobros injustificados, sanciones y multas irregulares impuestas por Enertolima en su reinado como prestadora del servicio; allí se cuentan, la arbitrariedad en instalación de medidores nuevos so pretexto de modernización y actualización de los antiguos, fijando cobros altísimos e imperativos por esta causa; el cobro de reconexiones, extendido por años, por el simple hecho de no pagar la factura el mismo día de su vencimiento, práctica llevada a cabo por contratistas locales lideradas por reconocidos políticos afines con los gobernadores de turno; también, entre muchas otras falencias, se dieron los incrementos desmesurados en el cobro de la facturación, no con la sistematicidad que actualmente sucede, pero si con una regularidad por la que resultaron afectados muchos usuarios a quienes, como ahora, se les llamaba a engaño con el fin de obstaculizar e impedir el trámite de sus quejas y reclamos.

Los desafueros contra esos bienes fiscales en el tiempo contienen innumerables irregularidades de todo orden. Baste señalar que, financieramente, la infraestructura de la Empresa inicialmente denominada Centrales Eléctricas del Tolima, 1955, y como Electrificadora del Tolima S. A., 1971, se logró, en gran parte, con aportes provenientes de las trasferencias conseguidas por los Parlamentarios tolimenses que al ser canalizados a través del ICEL, este terminó apropiándose de las acciones. Hidroprado, inicio construcción en 1961 y abrió su operación de generación 12 años después, 1973, con recursos de la Nación a título de reconocimiento y pago que se hizo a la Región por los daños sufridos en la violencia de los años 50, que resultaron tan cuantiosos en equivalencia superior al doble del valor del presupuesto general de la Nación, de acuerdo a los estudios socioeconómicos de la época. Para 1980, el gobierno central desestimo la naturaleza resarcitoria de los aportes y, nuevamente, a través del ICEL, se apropió de este activo Regional.

El proceso expropiatorio también inicia su nefasto periplo a comienzos de la década de los 90. El presidente Gaviria, apoyado en la participación que la Constitución del 91 otorgó a la empresa privada para interactuar con el Estado en obras de inversión pública, oriento sus políticas de solución sobre la novedosa modalidad privatista, atenido a los efectos del apagón del 91 cuyos efectos quería conjurar evitando la participación oficial en la asunción de la problemática creada con la prestación de energía en el país; así, se dio la intervención de la Nación en la solución al gravísimo problema de suministro de energía con el oriente del Tolima, maximizado por la imposibilidad de atención a la demanda creciente de Melgar como centro turístico, lo que provocó graves disturbios en 1995. Por estos eventos, se creó la necesidad de construir la línea Flandes-Melgar, una red con suficiente capacidad para el abastecimiento del sector, con subestación y demás componentes para tal propósito. Los Organismos del ramo, se negaron a prestar cualquier apoyo económico y financiero a Electrolima que ofreció  pignorar los recaudos para adelantar el proyecto en forma directa, garantía que la FEN, Financiera Energética Nacional S.A., rechazo.

Al compás de este interés de inversión, se abrió litación donde se favoreció la propuesta más elevada, cuya inversión oscilaba entre  $8.500 y $27.000 millones. Con la asesoría directa del Ministerio, se introdujo, para la construcción de la línea antes mencionada, por primera vez en el país,  el esquema de coparticipación Empresa Privada-Estado, en la figura consorcial denominada BOOT, Build, Own, Operate, Transfer, (Construir, Poseer, Operar, Transferir), un modelo de operador encargado de un proyecto en el que una empresa matriz, o cliente,  delega la construcción, la operación y el mantenimiento de una planta en otra compañía. Pues bien, el BOOT se contrató con la Empresa  Sociedad Energética de Melgar S.A. E.S.P. – SEM, con el visto bueno y complacencia del Gobernador de la Época Francisco Peñaloza, la ADT, ANDI, la Seccional de la Federación de Cafeteros, el Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, CONPES, la FEN, y otros Organismos del Ramo.

Para el Proyecto, La FEN dio apoyo financiero al contratista con las mismas garantías ofrecidas y negadas para la Electrificadora, entregando cerca de $20.000 millones para la iniciación de obras.  Con el aval del Ministerio de Minas, el contrato se suscribió en 1995 iniciándose labores en 1996, y constituyó el comodín para intervenir y expropiar activos de la Electrificadora en el mediato futuro, porque con este se aceleró la asfixia financiera de la Empresa por parte de la Nación.  El BOOT cumplió su cometido,  pero se inició la resciliacion del mismo por la inviabilidad conceptuada por el Ministerio asesor, sesgo contractual por el que Electrolima, se calcula, perdió más de 80.000 millones, y el Contratista se lucro en más de 20.000 millones entre irregulares adiciones y reconocimientos a título de ganancias no obtenidas. El modelo contractual y pliegos fueron elaborados por el Ministerio de Minas, no obstante, el Ministro de la época, Luis Ernesto Mejía, adujo que el contrato del BOOT de Flandes hacia que a futuro resultara muy costoso e inconveniente para la Electrificadora, sin explicar el equívoco y responsabilidad de su cartera frente a tan contradictorios y absurdos resultados.

Pues bien, La empresa de energía entró en liquidación en agosto del 2003 por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos, El gerente de la época informó que la Nación, el mayor accionista, no ofrecía garantías de crédito con la banca, porque la situación económica de la empresa no era confiable financieramente. En medio de un intenso debate jurídico por el BOOT y sin claridad sobre los resultados, se procedió a la venta de los activos de la electrificadora en mayo de 2006, por $251.613.000. El comprador, Alberto Rios Velilla, Empresa de Energía del Combeima, debía aportar 177 mil millones de pesos, pero siguiendo el libreto del BOOT, la FEN le concede un crédito por 153.000 millones con ventajas sin precedentes, como tres años sin abonos a capital, con tasa de intereses del 5% mas DTF trimestre vencido, en una operación financiera que, con las mismas garantías, le fue negada a la Electrificadora a la que descapitalizaron y llevaron a la “quiebra” con los resultados vistos. En otro movimiento de astucia “empresarial”, Ríos Velilla vende a sus primos Nule Velilla el 50% de la empresa inmediatamente después de salir exitoso en la subasta. De ñapa, valores por liquidación del BOOT en favor de la Electrificadora pasarían a la nueva Empresa Enertolima, y la dirección que se dará a las participaciones de Electrolima en Hidriprado, 12%, no está definida aun.

Conclusiones:

Queda claro que el Empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla apropio los activos de Electrolima sin aportar un peso, y, pero aun, con financiación del Estado. También está claro, que la inversión en infraestructura hecha por Enertolima no supera los 28.000 millones de pesos, en parte con aportes oficiales. Con tan breve y superficial visualización, puede entenderse el desproporcionado rendimiento económico, lucro, del negocio, mediante una actividad abiertamente irregular y profundamente lesiva a los intereses del Departamento, pues aparece evidente que con una inversión que no supera los 300 mil millones de pesos, los truculentos inversionistas obtuvieron ganancias superiores al Billón trescientos mil millones, ($1.000.000.300.000.000) descontando los beneficios obtenidos, ganancias, por efecto de la operación de comercialización y administración de la prestación durante 14 años.

Que realidad nos arroja este análisis, atando coincidencias?: que es innegable el concierto, o acuerdo, entre los funcionarios encargados de administrar los recursos del Estado, con los adjudicatarios, para la enajenación de estos activos públicos en el segmento de los negocios energéticos.  Que la manipulación y defraudación emprendida contra los usuarios de los servicios públicos domiciliarios no es un hecho accidental ni, mucho menos, de reciente aparición. Que se observa un plan predeterminado y coordinado en un vasto proyecto de “inversión” privada, de grandes y oscuros capitales nacionales, dispuestos a imponer a cualquier precio y por medio de execrables métodos, sus “políticas” económicas diseñadas para incrementar tarifas sin mesura y arbitrariamente,  siempre al amparo del gobierno y en contubernio con este, sin planeación ni sometimiento a los patrones, protocolos y mecanismos legales de orden técnico y jurídico predeterminados como límites y condiciones esenciales para la cuantificaron y determinación tarifaria.

«Algunos grupos privados, apoyados por el Estado, organizaron un auténtico oligopolio económico y financiero». Entonces, no confiemos en el apoyo de las Autoridades, asumamos nuestra propia defensa en contra de los atropellos.

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