Foto lote Portal de San Gabriel.
Los afectados ahora actuaran ante los estrados judiciales, para exigir justicia por los irreparables daños ocasionados por la falsa denuncia impetrada por el señor Gilberto Martínez Prado, contra los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Tolimense de Periodistas ATP, por delitos de Extorsión y Pánico Económico, caso relacionado con el fracasado proyecto de vivienda Portal de San Gabriel.
Después de siete años, la Fiscalía Catorce Seccional Ibagué, al no encontrar elementos materiales probatorios ni evidencia física alguna que permitiera señalar a los supuestos responsables de los hechos denunciados por el señor Gilberto Martínez Prado, ordenó archivar el caso.
Las razones que llevaron al señor Gilberto Martínez Prado, a instaurar la denuncia penal por los delitos de Pánico Económico y Extorsión, fue el desespero que le produjo, la intervención de la Asociación Tolimense de Periodistas, al presentar un Derecho de Petición ante la Gobernación del Tolima, para indagar sobre el proyecto de vivienda, los recursos aportados y el lote donado por la Alcaldía de Ibagué, para la construcción del proyecto de vivienda para los periodistas.
la preocupación del señor Gilberto Martínez Prado era precisamente, la investigación que había iniciado la A.T.P, donde pronto se descubriría el presunto negociado, que sin ningún pudor y a espaldas de todos los periodistas que se encontraban postulados al proyecto de vivienda y abusando de la representación y confianza que ellos le habían otorgado, los engañó y traicionó, permitiendo que el lote, los recursos aportados por la Gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué, quedaran en manos de particulares.
De ahí en adelante el sueño y la ilusión de tener una vivienda digna, el trabajo, el lote, los aportes y el proyecto en general, quedó enterrado para siempre, gracias a la avaricia y la deshonestidad de ese supuesto periodista, que con la complicidad de personas del sector privado y ex funcionarios de la Gestora Urbana de Ibagué y otras entidades, se aprovecharon de la necesidad de los periodistas, para pretender llenar sus bolsillos de la noche a la mañana.
Su presunta confabulación con los facinerosos facilitó que se cambiara los diseños del proyecto, se aumentara los costos de los apartamentos al 100 %, y de esta manera se permitió que los recursos aportados, el lote y el proyecto se convirtiera en un negocio particular.
Al cambiar el diseño del proyecto de 5 pisos a 13, y su costo ya no sería de 60 millones, sino 90, más un parqueadero que costaba 13 millones y el proyecto sería manejado por particulares y no, por el Fondo Nacional del Ahorro, como se había acordado desde un comienzo.
En el desarrollo del proyecto inicial “el original” cerca de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de escasos recursos económicos, quienes habían realizado sus ahorros en el FNA y cumplian con los rigurosos requisitos exigidos, para poder acceder al proyecto, que consistía en no tener ninguna clase de propiedades a sus nombres, terminaron engañados por su propio compañero, el señor Gilberto Martínez.
Este personaje les exigió a cada uno de los periodistas el valor $360 mil pesos, entregados en sus propias manos, para tramitar las carpetas de todos los adjudicatarios ante el Fondo Nacional Ahorro, entidad que se encargaría de financiar el proyecto y hasta la fecha los dineros continúan perdidos.
Considerado este hecho como una presunta estafa a todos los periodistas que entregaron los recursos, sin que nadie responda hasta el momento y tampoco el ente investigador se ha pronunciado al respecto, hecho que fue puesto en consideración de la fiscalía desde hace siete años.
gracias al trabajo serio y decidido de la fiscalia y la oportuna intervención de la Asociación Tolimense de Periodistas y la Junta Directiva, presidida por el periodista Jorge Eliecer Barahona, se logró recuperar el lote y una parte de los recursos aportados.
En cuanto a los dineros por $1.830 millones de pesos, aportados por la Gobernación del Tolima, estos fueron recuperados a través de un embargo a las cuentas de la Gestora Urbana de Ibagué, quedándole un déficit aproximado de 1.500 millones de pesos, que fueron malversados presuntamente por la constructora Ávila Ltda, encargada de desarrollar el proyecto, donde también se encuentran seriamente comprometidos personas del sector privado, ex funcionarios de la Gestora Urbana y otras entidades.
Esperamos que la Gestora Urbana de Ibagué, haya presentado acciones penales contra los presuntos responsables de este hecho punible, ya que la entidad ha tenido que pagar esos recursos, sin que a la fecha se hayan podido recuperar ni judicializar a los responsables.
Esperen segunda parte.
