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Regional

Fiscalía ordena captura de mayor de Policía por la muerte de Santiago Murillo en Ibagué.

Información oficial. Personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación notificó a un mayor, adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué, de la orden de captura que pesa en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de Santiago Murillo Meneses, de 19 años, en hechos ocurridos durante las movilizaciones del pasado 1° de mayo.

De acuerdo con la investigación, el mayor habría disparado su arma de dotación en medio de las manifestaciones que se registraron en la zona comercial de Ibagué (Tolima). Uno de los proyectiles impactó al joven que caminaba hacia su lugar de residencia y no participaba en las protestas.

El material de prueba da cuenta de que el uniformado, al parecer, actuó desproporcionadamente y contrario a lo establecido en los protocolos definidos para controlar multitudes. En ese sentido, es requerido por una fiscalía de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima por el delito de homicidio.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación planteó conflicto de jurisdicciones al considerar que es la única competente para continuar con la investigación y esclarecer lo ocurrido. El 19 de mayo último un juez de control de garantías dio trámite a la solicitud, que será resuelta por la Corte Constitucional.

La captura del mayor se hizo efectiva en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén, en Bogotá. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas.

La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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