Información oficial: La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a Kelly Tatiana Vergara Ramírez como presunta responsable del delito de prevaricato por omisión agravado.
Vergara Ramírez, en el año 2017 se desempeñaba como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y está siendo judicializada por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la Fundación Peces Vivos de Ibagué donde se atendía población con discapacidad.
Las labores investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que varias personas que trabajaban en el lugar sometían a, por lo menos 40 menores de edad con discapacidad y condiciones especiales, a toda clase de maltratos. Al respecto, se tiene información relacionada con espacios de tiempo durante los cuales las víctimas eran amarradas por días o les eran negada la alimentación, todo por no acatar las órdenes que les eran impartidas.
La imputada era, al parecer, la encargada del restablecimiento de derechos de 20 de las víctimas, y pese a las denuncias instauradas por los familiares de dos de los menores, no adelantó ninguna acción para cumplir sus funciones como defensora de familia. La implicada no aceptó los cargos enrostrados.
Por estos hechos ya han sido condenadas varias personas
Estos resultados hacen parte del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 de la Fiscalía General de la Nación que prioriza las investigaciones contra la corrupción y todos los delitos que vulneran la integridad de niños, niñas y adolescentes.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
