Opinion

LA EMPRESA OSCURA E ILÍCITA DE LA COMUNICACIÓN.

La incontenible avalancha de conductas reprehensibles por parte de mandatarios de todos los órdenes a nivel nacional, apenas iniciada la pandemia, provocó una reacción mediática de igual o superior magnitud como respuesta inmediata a los desmanes gubernamentales, por cuyo efecto salieron a la luz pública los detalles  criminales en la contratación de ayudas a la población vulnerable para su sostenimiento en el confinamiento, en hechos que inundaron el mapa del país a través de las redes informáticas.

Retomando la temática editorial de este medio,  se retoma también el segundo comunicado expedido por la Asociación Tolimense de Periodistas ATP en el que ofrece continuidad a sus denuncias por lo que han denominado “la auto promoción política (…), con dineros del estado”. Este gremio de comunicadores locales, denuncia los perjuicios sociales ocasionados por el gasto orientado a limpiar la sucia imagen proyectada por los contratos mal intencionados y, a la vez, se cuestiona y advierte a la opinión sobre la deformada información que recibe a cuenta de negocios turbios, deleznables e ilícitos, inmersos en una mecánica operativa de acción y reacción entre medios de la comunicación y los estamentos del gobierno en los que se involucran desde la presidencia de la Republica, hasta los gerentes, directores y ejecutivos de las empresas sociales del estado, pasando, obviamente, por alcaldes y gobernadores.

Se pregunta en el comunicado del Gremio: “¿Era prioritaria esta inversión en una alarmante crisis de la salud, financiera y ambiental por la que están pasando los ibaguereños y tolimenses?.”

El interrogante, nos permite entrever como se disloca el sentido de utilidad y necesidad social, al desorientarse los recursos destinados a mitigar el hambre de los más humildes y necesitados, para llenar los bolsillos de los funcionarios inescrupulosos e insanos para la administración; y, como, estos mismos, desangran en forma inmisericorde el presupuesto oficial, con el mismo afán de apropiarlo en beneficio personal, so pretexto de contratar irregularmente mediante conductas por demás afrentosas,  cínicas e insultante contra los más elementales principios del decoro y honestidad personal, sin mencionar los preceptos éticos y de gestión trasparente que deben acompañar al funcionario, componentes de la función pública que se han convertido en ideales inalcanzables y utópicos para esas insanas conductas.

Así visto, puede afirmarse, sin temor a error, que las prioridades del gasto no pertenecen ya al interés público sino al interés personal. El concepto de inversión, ya no se enmarca en los principios de la contratación pública, porque ahora se inscribe en los márgenes de los negocios personales e irregulares propios de cualquier banda delictiva. El concierto para estas prácticas lesivas, al contextualizarlo en los negocios de la comunicación, tienen arraigo en actos tan perversos como punibles, si se mira que las actuaciones administrativas censurables son atacadas por algunos medios, en forma inmediata, para, seguidamente, observar que los actores reprensibles optan por contratar pagando cifras multi millonarias  con aquellos que censuran y denigran de sus actos como administradores y ordenadores del gasto.

Así fue, como la presidencia de la Republica “invirtió” 500 millones con la Revista Semana al propósito de lavar su imagen y también contrarrestar el escándalo y efectos mediáticos generados por la ñeñe política. En el caso local, aconteció igual con la misma revista, cuando la periodista Salud Hernández, al servicio de ese medio, fue la primera en denunciar los casos de las contracciones de la Alcaldía, para, como efecto inmediato, conocer que la primera autoridad del municipio ordenó pagar a Semana 100 millones de pesos que, efectivamente, detuvieron la andanada de denuncias en su contra por ese medio.  De iguales características, es el contrato por 45 millones con el medio El Olfato de Ibagué, cuya realización no comporta censura alguna frente a la libertad de los contratantes para la realización del negocio jurídico, salvo, que la publicación ceso en los ataques contra la administración, y que ese negocio se enmarca en las formas de la contratación pública y, por ende, conlleva un direccionamiento con el objeto y destinación del recurso, por la naturaleza del mismo relacionada con publicidad, que debe ceñirse a presupuestos de actividad y participación de oferentes para la adecuada administración del rubro.

Encontramos en las denuncias del Corporativo de Periodistas del Tolima, una verdad de acuño en la temática que las provoca. No obstante, lo más trascendental de las censuras planteadas, y todas aquellas que los medios responsables presentan a la opinión, tiene que ver con los efectos y consecuencias que el despliegue informativo conlleva para los infractores y artífices en la cadena  de este infernal círculo vicioso. No es menos censurable, y seguramente mucho más significante,  que los actores en ese vórtice delictivo  permanezcan inmunes a las censuras e imperturbables ante la demostrada lenidad de sus conductas, que defienden cínicamente, sin mínimo rubor moral, como si tratara de actos cuya trayectoria pertenecieran al ámbito de lo esperado, licito  y normal en el tramite funcional de sus gestiones, de la misma manera en que lo hacen los cohonestadores y cómplices privados que participan en los escandalosos negocios.

Ya, la inmoralidad, la corrupción y el delito se convirtieron en un estamento institucional convertido en “derecho”.

Aquí, hay que decir, que ya no estamos frente a un problema de simple corrupción. Aquí debemos tomar conciencia, de que el mismo Estado se ha convertido en un aparato que destruye la democracia, la justicia, el derecho social, el orden justo, y todas las garantías ciudadanas.

Es decir, que en las condiciones de Administración que se vive no podemos esperar que un Estado protector nos auxilie como administrados, ni como personas, ni siquiera como seres vivos, porque los más elementales conceptos de supervivencia y mínimo vital están siendo degradados, violados y desconocidos por los mismos agentes del gobierno que personifican al Estado.

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