Después de las tan anunciadas acciones conjuntas entre la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, contra funcionarios públicos, contratistas e intermediarios que cometan irregularidades, utilizando la emergencia económica y social decretada por el gobierno nacional, relacionada con la pandemia Covid -19, se judicializaron otros tres funcionarios presuntamente involucrados en esta clase de hechos, en el municipio de Abejorral departamento de Antioquia.
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión (Antioquia) dictó medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de la Secretaria de Salud del municipio de Abejorral, Alba Nury Bedoya Arango, como presunta responsable de peculado por apropiación, tentativa de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.
En la misma decisión, se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Juan Guillermo Gutiérrez Cortés, Secretario de Gobierno, y Aldemar Andrés Tabárez Arenas, jefe de la Oficina Jurídica del municipio. Ambos investigados continúan vinculados al proceso, con restricción para salir del país, y deberán presentarse cuando sean requeridos.
La investigación adelantada por el grupo de tareas especiales Covid-19 de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional Antioquia, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, evidenció posibles irregularidades cometidas en la celebración de un contrato para el suministro de víveres a personas en situación de vulnerabilidad y de elementos de aseo y bioseguridad, para contener y prevenir los efectos generados por el Covid-19 en esa población del oriente antioqueño.
La Fiscalía General de la Nación estableció que el contrato fue firmado el 27 de marzo de este año por valor de $ 267.795.977 y que habría un detrimento patrimonial superior a los 19 millones de pesos.
La rápida intervención de la Fiscalía, junto a la Contraloría, en el marco de la estrategia Transparencia por la Emergencia, liderada por el Fiscal General Francisco Barbosa Delgado, evitó que se ejecutará la totalidad del convenio y se perdieran otros 61 millones de pesos.
Ninguno de los tres procesados se allanó a los cargos imputados.
La Investigación de la Fiscalía, junto a la Contraloría, permitió la suspensión de la ejecución del contrato para evitar aumento del detrimento patrimonial ocasionado al Municipio.
Recordemos que en el mes de mayo, la fiscalía dentro del marco de la estrategia transparencia por la emergencia, en sus primeros 100 días de su gestión, hizo alentadores anuncios donde solicitaría medidas de aseguramiento, citaciones a interrogatorios, contra alcaldes, gobernadores, funcionarios y decenas de personas que serían imputadas por presunta corrupción durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Hoy vemos con preocupación que la tan anunciada estrategia no avanza y los colombianos seguimos a la espera de conocer resultados contundentes contra la corrupción, que se está apoderando de los recursos oficiales destinados para atender la emergencia económica y social en el país, que hoy registra más 3 mil contratos que advierten posibles sobre costos y no cumplen con el lleno de los requisitos legales
En su momento la Fiscalía General de la Nación denunció la existencia de por lo menos 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, anunció la realización de 189 acciones investigativas, 393 inspecciones y 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país, 68 indagaciones abiertas y 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Dentro de esas investigaciones se encuentra el gobernador del Tolima y 11 funcionarios más, por presuntas irregularidades en la contracción, por un monto superior a los 14 mil millones de pesos y el alcalde de Ibagué, por la contracción de 52 mil mercados por más de 5 mil millones de pesos.
