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Cayó grupo delincuencial “los uniformados”, conformada por funcionarios de la Policía Nacional.

Miembros del CTI componente Gaula Militar y del Ejército de la misma unidad, lograron la captura de dos ex miembros de la fuerza policial y uno activo, por hechos ocurridos en el año 2018 cuando fue secuestrado un ciudadano ecuatoriano con fines extorsivos al igual que varios miembros de su familia, entre ellas una menor de edad.  

Tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado por las autoridades Los Uniformados, fue impactado por la Fiscalía General de la Nación a través de su policía judicial CTI componente Gaula Militar Seccionales Tolima y Chocó, y unidades del Ejército del Tolima, luego de su captura a mediados de la semana pasada por los delitos de secuestro extorsivo en concurso con cinco víctimas; concierto para delinquir con fines de secuestro, y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, todos agravados.

Se trata de Pedro Nel Orjuela Casas, exintendente; Germán Alonso Calderón Córdoba; expatrullero y Miguel Fernando Devia Bonilla, patrullero activo de la Policía Nacional, adscrito al Departamento del Chocó.

Los procesados, entre ellos un miembro activo de la Policía Nacional, fueron enviados a centro carcelario como medida de aseguramiento, ayer, al término de las audiencias de rigor.

Los dos primeros fueron detenidos en Ibagué (Tolima), mientras que el último en las instalaciones del comando donde laboraba en Quibdó. Todos fueron afectados con medida de aseguramiento intramuros.

La investigación  

Según las labores investigativas, ‘Los Uniformados’ estaría integrado por miembros de la Policía Nacional para el año 2018 y otros particulares, quienes se concertaron para llevar a cabo el secuestro de un ciudadano de origen ecuatoriano en julio del año 2018.

La propia denuncia de la víctima da cuenta que el día de los hechos, unos individuos lo interceptaron cuando se movilizaba en su carro por la capital tolimense, luego de haber retirado una fuerte suma de dinero.

Los sujetos se identificaron como policías y –según él- lo llevaron a las instalaciones de la Sijín, en el sector El Salado de la ciudad, donde supuestamente iban a verificar la procedencia y papeles del vehículo, así como sus antecedentes penales y cómo habría ingresado al país.

Estando allí, bajo una fuerte presión, señaló que los uniformados le exigieron supuestamente la suma de $50 millones para dejarlo ir a cambio de no deportarlo, llegando finalmente a un arreglo por $10 millones, dinero que indicó, tenía consigo para unas obras que adelantaría en la vereda Chucuní, zona rural de Ibagué.

Días después, la víctima relató, que fue interceptada en Chucuní con su esposa, hijas y suegra, siendo bajados del vehículo a la fuerza, y quedando bajo custodia de otros sujetos su familia, mientras él fue conducido en otro automóvil fuera de la ciudad.

Bajo amenazas le exigieron dinero por una suma superior a lo solicitado días atrás. Luego de acordar el monto, él y su esposa fueron escoltados en varias entidades financieras y la propia vivienda de sus suegros para sacar dinero en efectivo reuniendo finalmente la suma de $64.500.000.

En las audiencias de rigor no aceptaron los cargos enrostrados y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, enmarcada en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 en la lucha contra la corrupción y los grupos delincuenciales organizados.

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