Regional

Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal contra Gobernador del Tolima.

El mandatario deberá responder por presuntos sobrecostos en dos contratos de alimentos y uno de publicidad, celebrados dentro de la emergencia del COVID-19.

En rueda de prensa conjunta entre la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, anunció que el organismo de control a cargo del contralor Carlos Felipe Córdoba, abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el  gobernador Orozco, por un total de $2.121 millones de pesos, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y un tercer contrato relacionado con la publicidad,  denominado “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19, por intermediación innecesaria y exagerados sobrecostos en su ejecución.

El primer proceso que enfrenta por responsabilidad fiscal el gobernador  Orozco, es por $1.151 millones, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020 por  valor real de $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del Tolima.

De acuerdo a la Contraloría los sobrecostos suceden “por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el valor de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros)”. Expreso el jefe de control.

Recordemos que el mandatario tolimense y su Secretaria de Salud departamental Adriana Alexandra Márquez Ramírez, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales en la estructuración y suscripción del contrato y esta última delegada por parte del señor gobernador como  ordenadora del gasto del  contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020; con la firma Sierra Pineda S.A.S. y su representante legal José Atanibal Sierra Ávila.

La Contraloría General de la Nación también dio apertura a otro proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el Gobernador Orozco por presuntos sobrecostos en este monto en la ejecución del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, firmado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Enred Group S.A.S. para la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para calmar los efectos del aislamiento preventivo obligatorio por la emergencia sanitaria.

Según la Contraloría, el daño patrimonial se presentaría “a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema Sipsa) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza)”.

La entidad manifestó que “se habría dado un presunto mayor valor pagado de $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020.

La Contraloría General vinculó como presuntos responsables fiscales además del Gobernador, a la Secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato; también a Gustavo Adolfo Castaño en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020 y a la firma Enred Group S.A.S., representada legalmente por César Augusto Trilleras Castro.

Y el tercer proceso  tiene que ver con el contrato 0493 de 2020, suscrito con  León Gráficas S.A.S, y que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID-19 2020”. Donde se halló un posible detrimento patrimonial  por un valor de $143 millones. 

La Contraloría manifestó que “encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones”.

“La labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello, explico el contralor.

Lo que quiere decir, es que  la Gobernación del Tolima decidió utilizar a terceros  para ofrecerle  mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55 % y así pagar favores políticos como lo denuncio el contralor en la rueda de prensa.

Y por último, la Contraloría General de la Nación, también vinculó a este proceso de responsabilidad fiscal además del Gobernador, a la Secretaria de Salud, Adriana Alexandra Márquez Ramírez; Camilo Ernesto Valencia Agudelo (profesional universitario quien hace parte de la Secretaria Administrativa (prensa y comunicaciones) supervisor del contrato 0493 de 2020; Santiago Barreto Triana (Secretario General y de Apoyo a la Gestión, como presidente del Comité que administra el Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima); Jorge Luciano Bolívar Torres (Secretario de Inclusión Poblacional, como integrante del Comité que administra el Fometol); Fredy Torres Cérquera (Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, como integrante del Comité que administra el Fometol), Alexander Tovar González (Secretario del Interior, como integrante del Comité que administra el Fometol) y  Santiago Romero contratista León Gráficas SAS.

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