Recordemos que en el año 2010, el alcalde de esa época Jesús María Botero, aportó $2 mil millones para la compra del lote de 23 mil m2, cuyo costó fue de $895 millones y su valor restante $1.105 millones de pesos, serian destinados para subsidios de vivienda del mismo proyecto, dineros que corrieron con la misma suerte cómo los 1.500 millones, de los $1.830 aportados por la Gobernación del Tolima, en el gobierno de Oscar Barreto Quiroga, hoy Senador de la República. A estos recursos se les cambió su destinación especifica y luego fueron girados a la Constructora Ávila Ltda, para invertirlos en unas obras de urbanismo que no existen. Sumados estos valores estaríamos hablando de una perdida de más $2.605 millones de pesos.
El 9 de febrero de 2010 para conmemorar el día del periodista y celebrar la compra del lote, el alcalde de Ibagué Jesús María Botero, en forma simbólica colocó la primera piedra, dónde se construiría el proyecto de vivienda denominado “Portal de San Gabriel”.
En la parte inferior de este artículo puede apreciar la fotografía con la presencia de la mayoría de los periodistas beneficiados.
El proyecto llevaría el nombre del Arcángel San Gabriel, haciendo alusión al primer mensajero que informó a la Virgen María del nacimiento de Jesús, función que se asimilan con la labor de los comunicadores.
Entre los beneficiarios del proyecto se creó una comision integrada por 10 periodistas, encabezado por el señor Gilberto Martínez Prado, quienes se encargarían de representar al gremio periodístico ante las entidades oficiales y privadas, para realizar actividades beneficiarias vigilar y supervisar todo el desarrollo del proyecto.
Luego de descubrirse qué había pasado con el proyecto, como se expresó en la primera parte de este informe, y después de conocer las reacciones mentirosas y amenazantes del señor Gilberto Martínez Prado, por la oportuna intervención de la Junta Directiva de la Asociación Tolimense de Periodistas ante el gobierno departamental, y la sorpresiva falsa denuncia instaurada por este personaje ante la fiscalía, se conoció que los dineros oficiales aportados, el lote y el proyecto en general, habían cogido otro rumbo, al celebrarse un contrato leonino donde se entregó todo el manejo y el desarrollo del proyecto a particulares.
De ahí en adelante el sueño y la ilusión de los periodistas de tener una vivienda digna a un costo razonable , el trabajo, el lote, los aportes y el proyecto en general, quedó enterrado para siempre, gracias a la avaricia y la deshonestidad de ese supuesto periodista, que bajo su complicidad con personas del sector privado y ex funcionarios de la Gestora Urbana de Ibagué y otras entidades, se aprovecharon de la necesidad de los periodistas, para cambiar los diseños del proyecto y de esa manera terminar con la ilusión de los periodistas de escasos recursos económicos de tener una vivienda digna para sus familias.
Por estos hechos los periodistas de la A.T.P fueron tildados de extorsionistas, colocando en entredicho su buen nombre, reputación y honorabilidad ante la opinión pública, por el simple hecho de haber defendido los derechos de todos los beneficiarios del proyecto.
Con la presentación de la falsa de denuncia por parte del señor Martínez Prado, inició tambien una malintencionada campaña de desprestigio con señalamientos amenazantes y temerarios contra los miembros de la Junta Directiva de la A.T.P, por diversos medios de comunicación, especialmente la emisora Ecos del Combeima, dónde les negaron el derecho a la réplica y sus directivas a pesar de tener pleno conocimiento de su dañino contenido y su mala intención, hasta la fecha, es decir, después de siente aaño, esas publicaciones aún siguen vigentes en sus redes sociales, sin importarles el daño que le vienen causando cada día a los periodistas que denunciaron todas las irregularidades.
En la denuncia, el señor Gilberto Martínez Prado manifestó que los miembros de la Junta, especialmente el presidente Jorge Eliecer Barahona, le habían hecho propuestas extorsivas a cambio de no denunciarlo ante la opinión pública, sin tener en cuenta que las declaraciones entregadas a diversos medios de comunicación, ya se habían realizado, días antes del señor Martinez, haber presentado la falsa denuncia y las imaginarias y paranoicas pruebas aportadas ante la Fiscalía.
Frente a las investigaciones relacionadas con el proyecto del Portal de San Gabriel, por parte de la Asociación Tolimense de Periodistas, en averiguación de responsables, por los presuntos hechos de corrupción en el desarrollo del proyecto, donde se perdieron cerca de 1.500 millones de pesos, de los 1.830 aportados por la Gobernación Tolima, destinados específicamente para 300 subsidios de vivienda, donde le cambiaron su destinación especifica y fueron invertidos supuestamente en unas obras de urbanismo que no existen, ya que no aparecen los registros de las obras realizadas y menos recibidas por parte la Gestora Urbana, encargada de supervisar y adelantar la interventoría del proyecto.
Avanzada la investigación y gracias a la labor de la Fiscalía y las contundentes pruebas aportadas por la Asociación Tolimense de Periodistas, se logró demostrar que el proyecto era inviable y que estaba lleno de irregularidades, situación que obligó a la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima a dar por terminado los convenios y liquidar el proyecto con la constructora Ávila Ltda, y a su vez recuperar el lote y los recursos aportados.
Por estos hechos dolosos la Fiscalía 22 Seccional, Delitos Contra la Administración Pública, en audiencia de formulación de cargos, ante el Juzgado Octavo Penal con Función de Control de Garantías, imputó al ex gerente de la Gestora Urbana, José Arlen Márquez, ya fallecido, el delito de Celebración Indebida de contratos, por presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo del proyecto de vivienda para periodistas, denominado Portal de San Gabriel.
Para información de la opinión pública, la investigación continúa con el fin dar con los responsables de la pérdida de los recursos que sobrepasan los 2,605 millones de pesos, donde hasta el momento se encuentran presuntamente involucrados, la ex gerente y representante legal de la Gestora Urbana de esa época, Piedad Lorena Velásquez, Juan Carlos Granados, Jefe de Vivienda y supervisor del proyecto, Rafael Fuertes Arias, Jefe de la Oficina Jurídica, igualmente Rubiel Orlando Espinosa Triana, asesor jurídico y representante de la constructora Ávila Ltda en la ciudad de Ibagué, Orlando Iván Espinosa Jovel, gerente del proyecto y Gilberto Martínez Prado, sepulturero del proyecto inicial y encargado de la promoción y venta de los apartamentos del segundo fracasado proyecto, donde también se encuentra presuntamente involucrado Camilo Vera, representante legal de la Inmobiliaria Eureka, entre otros.
Proceso que ahora está a cargo de Elizabeth Torres Para Fiscal 38 Seccional, Unidad Delitos Contra la Administración pública, dónde los periodistas y la opinión pública continúan atentos a los resultados que pueda arrojar la investigación y descubrir a los responsables de estos hechos dolosos, para que se les aplique todo el peso de la ley.
En cuanto al archivo de las diligencias adelantadas por la Fiscalía Catorce Seccional Ibagué, por la falsa denuncia, presentada por el señor Gilberto Martínez Prado, los afectados iniciaron acciones civiles y penales por los enormes daños, morales, materiales y económicos, causados contra los periodistas, Jorge Eliécer Barahona, Oliverio Rojas Méndez Luis Eduardo Barreto Hernández, José Gabino Arévalo y Humberto Escobar Molina Q.E.P.D. igualmente se continúe con la investigación por el delito de falsa denuncia, contemplado en el Código de Procedimiento Penal, contra el señor Gilberto Martínez Prado.
Esperamos que la Gestora Urbana de Ibagué, agilice las investigaciones contra los presuntos responsables de estos hechos punibles, ya que la entidad ha pagado esos recursos, sin que a la fecha se hayan podido recuperar ni judicializar a los responsables.
