La Seccional Risaralda de la Fiscalía judicializó a Diego Luis Arbeláez Urrea, actual jefe de contratación de la Alcaldía de Pereira; y a Laura Velásquez Arango abogada contratista de la Oficina Jurídica. La decisión se dio por cuando se emitió un concepto, presuntamente, contrario a la ley en el marco de una contrataciòn.
El ente acusador les imputó a los implicados como presuntos responsables del delito de prevaricato por acción en calidad de autores, cargo que ninguno aceptó.
De acuerdo con la investigación, en febrero de 2020, la Alcaldía de Pereira adelantó un contrato por 57 millones de pesos con GPS Group Profesional de Servicios en Consultoría, Logística y Eventos SAS. El objeto en este caso era la administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales.
El 4 de abril de 2020, la Alcaldía decidió adicionar el contrato anterior en 390 millones de pesos amparada en la declaratoria de calamidad pública y la urgencia manifiesta.
Se presume que los hoy implicados emitieron concepto favorable para que se hiciera esa adición contractual cuyo objeto consistió en adquirir bienes y servicios tendientes a mitigar la emergencia por el COVID-19, la misma que no procedía porque se trataba de un nuevo contrato.
Adicionalmente, el contratista se encontraba inhabilitado ya que figura como uno de los acreedores de la campaña electoral del actual Alcalde de Pereira.
Estos resultados obedecen a los lineamientos trazados en el marco del Direccionamiento Estratégico dispuesto por el Fiscal General de la
Nación, Francisco Barbosa Delgado, de identificar los delitos de corrupción que atentan contra las finanzas del estado.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación.
Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
