Nacional

Fiscalía imputó a exalcaldesa de Circasia por presuntos actos de corrupción

Las irregularidades estarían relacionadas con la celebración de un contrato de remodelación de un colegio, el monto superaría los 980 millones de pesos

Información oficial.

Patricia Mora Ocampo, quien se desempeñaba en 2011 como Alcaldesa del municipio de Circasia y Diego Alberto Londoño Echeverri fueron presentados ante el Juzgado 1 Promiscuo Municipal para que respondan, según sus responsabilidades individuales, por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uso de documento falso y peculado por apropiación.  Ninguno aceptó los cargos endilgados.

De acuerdo con la investigación, el 17 de junio de 2011 la entonces alcaldesa celebró el Convenio de Interés público número 005 con la Fundación Asesorías Integrales en Proyectos Productividad y Construcción Cooperativa Grupo APC, el cual tenía como objeto la adecuación y remodelación del Colegio Libre del Municipio de Circasia (Quindío). Según se precisó, el valor de lo contratado fue 986’618.349 de pesos.

Tal actividad fue financiada por el Consejo Nacional del Regalías.

Según los argumentos del fiscal, al parecer, los estudios previos no presentaban la firma de la Secretaría de Infraestructura, además de haberse realizado una contratación directa, supuestamente, amparada en una unión de esfuerzos de entidades públicas, aunque se presume, que se trataba de un contrato de obra cuya modalidad de contratación debía ser la licitación. Por otro lado, al parecer, no se realizó una verdadera invitación a oferentes.

Estos resultados obedecen a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, según los cuales es necesario actuar con contundencia frente a los delitos de administración pública que afectan las finanzas públicas.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación.

Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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