Información oficial. Un fiscal de la Seccional Quindío imputó a Luz Stella Menjura Ortiz y a Isabel Cristina Cruz Moya como presuntas responsables de delitos como: contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo por acción; y en concurso heterogéneo con prevaricato por acción.
Según se logró determinar en la investigación Menjura Ortiz, quien se desempeñaba como gerente encargada Red Salud Armenia ESE para el periodo 2008 – 2009; y Cruz Moya, como asesora jurídica de la misma entidad y mismo período, supuestamente, celebraron contratos por más de 1.200 millones de pesos, sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Dichos contratos estarían relacionados con el suministro y prestación de servicios, y habrían sido suscritos entre julio y septiembre de 2008, sin observar los requisitos de ley. Además, habrían omitido su deber de velar por los principios de selección objetiva, publicación y transparencia en el proceso de contratación.
El material probatorio recopilado advierte que Menjura, habría elaborado un acto administrativo, precisamente, para omitir la publicación en la página web de ESE Red Salud Armenia, de la contratación con cooperativas de trabajo asociado. Esto a pesar de conocer que con tal actuar vulneraba los principios del estatuto interno de contratación y los de la función administrativa.
En el marco de las audiencias concentradas ninguna de las implicadas aceptó su responsabilidad en los delitos atribuidos por el ente investigador.
Esta actuación hace parte de las directrices establecidas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 en cuanto a la necesidad judicializar con contundencia a los funcionarios públicos relacionados con actividades ilegales o de posible corrupción.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación.
Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
