Liliana Valdez Mejía exalcaldesa (e) de Calarcá en 2014; Jesús Alonso Chíquiza, secretario de Infraestructura de municipio, y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, gerente Proviquindío fueron presentados ante el Juzgado 1 penal municipal de garantías para que respondan por su presunta participación en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con la investigación, el 31 de octubre de 2014 la Alcaldía Municipal de Calarcá suscribió un convenio interadministrativo con la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío) por más de 496 millones de pesos, en el cual Calarcá participaba con 452 millones de pesos, y Proviquindío con 44 millones.
Dichos recursos públicos estaban destinados a la financiación de tres proyectos entre los cuales la construcción de una pista de patinaje cuyo valor se calculó en 174’311.734 millones de pesos. Este último fue formalizado mediante el contrato #055 de 2014.
Al parecer, en la ejecución de esta obra, fueron vulnerados los requisitos esenciales de la contratación en cuanto a economía, planeación y responsabilidad. En este caso se presume que hubo improvisación por no contar con un estudio serio de necesidad y factibilidad que permitiera establecer parámetros técnicos para la ejecución de la mencionada obra.
De la misma manera, las especificaciones técnicas de la pista no eran acordes para realizar la práctica del patinaje.
Estos resultados obedecen a las directrices del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de perseguir posibles actos de corrupción en los que se incumplen los fines del Estado como el servicio a la comunidad.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
