A mediados de mayo de 2020, el Señor Gobernador Ricardo Orozco Valero convocó una rueda de prensa para informar a la opinión de sus planes y proyectos en materia de inversión. En su alusión, integro a las inversiones públicas y privada como elementos de vital importancia para superar la crisis y agilizar la reactivación económica en nuestra región.
Para este propósito, no ofreció mayores detalles, cifras, ni datos complementarios, ofreciendo información con observaciones generales respecto del plan de acción a desarrollar, mejor detallado en lo alusivo a convenios realizados con la Empresa Electrificadora Celsia, de reciente aparición, mayo de 2019, como operadora del suministro de energía eléctrica en el Tolima, y también propietaria del embalse Hidroprado.
Parte central en su disertación, por relacionarse con el plan departamental de desarrollo, se dio en términos de proyección y orientación de recursos en obras y servicios para algunos Municipios, mediante acuerdos a los que llegó con la empresa privada, mediante una actividad conjunta con la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, trabajo del que derivo un proceso de acuerdo con una de las Empresas líderes en el Organismo Gremial, como es Celsia, Operadora del servicio de energía eléctrica en el departamento, que se comprometió a adelantar obras e inversiones de interés público, “para poder iniciar estos procesos de obra por impuestos”, según palabras del Señor Gobernador.
El primero, dijo, de los 5 proyectos acordados con Celsia, corresponde al Municipio de Planadas para “la dotación de computadores para mejorar la calidad educativa, por $2.724 millones”; “el segundo es en Ataco para mejoramiento de las vías terciarias en las veredas Santiago Pérez, Panecito, Cascarillo, Casa Verde, Balso, Casa de Zinc y San Sebastián”, zona muy importante y productiva, recalco, en la que se puede avanzar en placas huellas para la realización de este proyecto, considerado el más grande con valor de $8.460 millones; otro proyecto, el tercero, se ubica en el Municipio de Villarrica, y acredita “la dotación de mobiliario para instituciones educativas por $557 millones de pesos”; “en Villahermosa la dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones por $642 millones de pesos”, sería el cuarto rubro de inversión; “y la dotación de puestos de trabajo y preescolar y primaria en el Municipio de prado, por “552 millones de pesos”, sería el quinto y último.
Se cuentan, en suma, $12.935 millones de pesos, en la iniciativa de la Gobernación con la Electrificadora Celsia dentro de la política de intercambio de «Obras por impuestos». La prestación privada por el tributo, se descompone en diferentes proyectos de inversión que incluyen obra civil y dotación escolar. Los kilómetros a cubrir en «placas huellas”, vías terciarias, o cantidad de obra civil en Ataco no se informó, para la cuantificación de $8.460 millones; la provisión de equipos electrónicos escolares y dotación de mobiliario para instituciones educativas está cuantificada así: $2.724 millones para computadores en Planadas; 1.199 millones para mobiliario en instituciones educativas entre Villarrica y Villahermosa; y, 552 millones en puestos de trabajo preescolar y primaria para Prado. Finalmente, y como expectativas de inversión, planteo que Celsia se interesa en “unas obras importantes en el sur del Departamento como lo es la vía Coyaima Ataco en el cual tenemos 10 kms para construir nuevos y 9 para reparación”; y agrego, anunciando, “la decisión que tomo Celsia de ayudarnos con 9 camas de cuidados intensivos y unas ayudas que han hecho.”
Inversión pública, plan de desarrollo y obras por impuestos:
Los anuncios hechos por el Mandatario, plantean más dudas que certezas, porque no ofrecen datos ni mayor información respecto del direccionamiento estratégico al que somete este segmento en su plan de desarrollo e inversión que, por tratarse de «obras por impuestos», requiere una planeación, formulación y tramite ceñidas a precisos y especiales lineamentos legales y reglamentarios, inescrutables e incompresibles para la opinión sin el aporte de datos y registros relacionados con el cumplimiento de las formalidades del acuerdo. No se conocen, el termino de ejecución de los proyectos, fechas de entrega, cantidades de bienes y de obra, objetivos y cronogramas, que son datos relevantes y de vital importancia para la viabilizacion, racionalización y priorización del gasto, requisitos vertebrales para la implementación de las directrices contractuales de las que deriva la obligación de la Electrificadora, y fundamentos legales sin los cuales la revisión, seguimiento, observación y participación de las comunidades en el desarrollo de las obras seria de imposible realización, como lo sería para las mismas interventorías responsables del control y vigilancia para el cumplimiento de los proyectos.
La confusión aumenta, porque el Señor Gobernador anuncia obras sin determinar sus prioridades y si estas aplican a partir de la presente vigencia fiscal, mientras en diferentes intervenciones mediáticas, el Gerente de Celsia Ricardo Sierra advierte que computadores y mobiliario escolar se entregan aproximadamente en 8 meses y el proyecto vial en cerca de 3 años. A su vez, permanece expectante el proyecto vial Coyaima-Ataco, del que tampoco se dieron detalles de su planeación y ejecutabilidad. Cuando se habla de ayudas, puede entenderse como donación las 9 camas para cuidados intensivos y otras ayudas, sin embargo, no están claro cómo se viabilizan esos aportes y hacia que centros o instituciones de salud se orientan.
Se requiere que la Gobernación aclare, sobre que premisas de racionalización del gasto, urgencia y prioridad de la inversión, decidió favorecer los proyectos en cuestión. Cómo se cumplieron las etapas de selección y determinación de las prioridades con los municipios, y si los proyectos satisfacen necesidades inscritas en el objeto de la ley que regula el intercambio de Obras por Impuestos, y si estos proyectos guardan equilibrio con el plan de inversión social y priorización del gasto del Departamento.
La aclaración y complementación de la información, debe ser entregada a la opinión porque así lo exige la ley. Es importante para la implementación de los proyectos, en el rango de prioridades y racionalización del gasto e inversión, ubicar la fuente de financiación más expedita, ágil y eficaz para la apropiación de recursos de acuerdo a la urgencia de la necesidad, por cuanto los proyectos de obras por impuestos se limitan a un cupo máximo distribuido a la región por la ART, para atender provisiones y asistencias prioritarias como sectores afectados por la violencia, además, inmersas en los planes y programas de atención inmediata a la población por efecto del impacto de la emergencia sanitaria y las medidas optadas para el control de la pandemia y manejo de la repercusiones económicas. Por tanto, las fuentes de financiación de la inversión social pueden provenir de la Nación, o del Territorio por regalías, apropiaciones, beneficios extraordinarios por emergencia y, por ello, para definir la opción más conveniente, el análisis costo-beneficio, y cadena de valor, debe ser cuidadoso observando la optimización del gasto o inversión, considerando la excepcional y especial situación que se afronta actualmente.
El plan de inversión del Departamento en proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos, de acuerdo a los proyectos aprobados por la Agencia de Renovación del Territorio, ART, para el 2020, suman $16.416.924.489, donde también participan empresas como Seapto S.A., Hocol S.A. y Red de Servicio del Quindío S.A.. Todos focalizados en la dotación de mobiliario escolar, dotación de puestos de trabajo preescolar, primaria y secundaria, y computadores; salvo el más valioso, orientado a la construcción de vías terciarias.
A esto ha de sumarse, la intención de Celsia a adoptar la construcción y mejoramiento parciales del carretable Coyaima-Ataco, cuyo valor no será inferior a $16 mil millones de pesos, 19 kms, en el cálculo más optimista; las camas hospitalarias para UCI, en número de 10, no reducen su valor de $8.000 millones de pesos, sin contar las otras “ayudas” no definidas. Entonces, la inversión social en «obras por impuestos» en esta vigencia, asciende, supuestamente, a $40.416.924.489. Ahora, de esta cifra, es destacable que los proyectos se orientan a la educación y, sistemáticamente, a la dotación de mobiliario escolar y puestos de trabajo en docencia, situación que deja en el ambiente un cuestionamiento a la planeación del desarrollo y presupuesto departamental, si se tiene en cuenta que la educación es factor preponderante y de prioritaria inversión en las comunidades Zomac, además por la emergencia que se vive, como da cuenta el presupuesto departamental donde los rubros en esta área son bastante significativos; de otra parte, la contratación de personal docente dejaría a estos como trabajadores de la empresa privada, que los contrata para la prestación de un servicio púbico, cuando, es incuestionable que los maestros de instituciones públicas en esos municipios cuenta con presupuesto oficial para su designación. Inquietudes que implican otras más que, seguramente, quedarán a criterio de los lectores y la opinión.
