Opinion

EDITORIAL LA INMORALIDAD COMO POLITICA DE GOBIERNO

Tras los últimos acontecimientos que la pandemia pudo desenmascarar, se ha podido descubrir hasta donde la maldad, la desconsideración y la ausencia de humanismo habitan en el cuerpo de nuestros mandatarios.  Y, hasta donde, la codicia y la inmoralidad que los acompañan ha superado limites inimaginables y nunca esperados ni superados en la conducta de los funcionarios del gobierno, como es apropiarse ilícitamente de los recursos  destinados a mitigar el hambre de los más necesitados colocados en una situación tan extrema como es el confinamiento, y orientar hacia los bancos y empresarios más poderosos del país cifras tan altas de cuyas proporciones no conocemos ni para escribirlas, mientras los pequeños empresarios, trabajadores, profesionales, agricultores, trabajadores de la salud, centros de asistencia hospitalaria, etc., no reciben la más mínima atención y, por el contrario, son los sectores a los que se impone el sacrificio de cubrir los gastos y perdidas generados por el riesgo de contaminación y el consecuente confinamiento.

Dentro de esta deformación de los fundamentos de Nación, tal vez el factor con el peor rasgo de decaimiento moral y profesional, se encuentra en la forma como los medios, comunicadores y periodistas, en un altísimo porcentaje, son manejados, manipulados, perseguidos y hasta asesinados por creer en la libertad de prensa, de expresión, por ser imparciales y por guardar fidelidad con su actividad profesional de informar verazmente, y denunciar toda forma de corrupción e ilegalidad que descubran dentro del acontecer social, bien sea desde la esfera pública o la privada.

Pero a su vez, está la contrapartida para los correctos y honestos profesionales de la comunicación. Esta la compra de conciencias, pensamientos, conceptos, voces y opiniones, dentro de un comercio subterráneo de contratos jugosos, únicos, determinados por el interés de “vender” una información, unos datos, unas noticias que desinforman y desorientan a la opinión llamándola a engaño, ocultándole la real y verdadera realidad que deben conocer. Y deben saber de esa realidad, porque el público destinatario de los  mensajes son los electores de los gobernantes que practican las malas acciones contra ellos, gobernantes que sus contratos poco trasparentes, con ciertos medios, quieren encubrir, ocultar y montar velos que encubran la corrupción y, así, proyectar una imagen contraria a la verdad, o simplemente ocultarla.

Sirva, para mostrar este círculo vicioso en lo local, la denuncia formulada, en un comunicado institucional, por la Asociación Tolimense de Periodistas ATP, en la que denuncia la gravísima situación que se presenta con la distribución de la pauta publicitaria en el Tolima, donde la Gobernación dirigió una “inversión” de 1020 millones de pesos, que no es social ni menos en beneficio de los afectados por la emergencia sanitaria,  para una ejecución bimestral, o sea 510 millones de pesos mensuales, dizque para “informar” sobre los riesgos del COVID-19, como si no fuera suficiente información la que se ofrece a nivel nacional e internacional sobre la Pandemia. A esto se agrega, el contrato publicitario por 100 millones de pesos suscrito entre la Alcaldía de Ibagué con la Revista semana, con el interés de lavar la imagen del burgomaestre por la aberrante corrupción en los contratos de mercados destinados para los sectores más vulnerables, como fuera ampliamente denunciado local y nacionalmente en cada uno de los casos.

A la denuncia de estos negocios, a todas luces con visos de ilegalidad, se añade el justo reclamo de los comunicadores no comprometidos, los que se definen como: “Los trabajadores independientes de la comunicación, (…) todos profesionales reconocidos por nuestra responsabilidad e imparcialidad, así lo hemos demostrado a lo largo de esta hermosa y digna profesión”, quienes, con su grito de inconformidad, plenamente justificado, reclaman una equitativa y justa distribución del recurso publicitario de los entes territoriales, para que esos fondos sean distribuidos en forma proporcionada y ecuánime como corresponde a los manejos de la administración pública, entre todos los trabajadores de la comunicación territorial, por cuanto estos recursos públicos no están destinados a la publicidad formal, estos recursos están orientados para llevar información a la opinión, dentro de un cronograma, necesidades y políticas previamente diseñadas.

La forma en que se empieza a administrar este rubro, no da lugar a dudas frente a la gran posibilidad que se trate de una malversación de recursos públicos, y, sobre el detrimento patrimonial que pueda resultar por las investigaciones adelantadas, asalta la gran incertidumbre sobre la línea de conducta y administración que de los recursos que se trata harán estos mandatarios, teniendo en cuanta que los escándalos sobrevinientes, y apenas iniciando las administraciones, no darán tregua a estos; situación que permite prever una nueva feria del despilfarro y malversación para el «manejo de imagen», al estilo del ex alcalde, de ingrata recordación, Luis H Rodríguez, de cuyas andanzas dio cuenta un riguroso informe publicado por el diario El Nuevo Día,  al cual pueden acceder bajo el título Luis H. entregó ‘piñata’ por $4.200 millones a periodistas y medios de comunicación, de fecha 22 de mayo de 2016.

Para cerrar, es muy importante, por el nuevo direccionamiento que toma el periodismo independiente por los motivos ya anotados,  hacer referencia a una cita de Daniel Samper Pizano, tomada del periódico El Tiempo, al integrarse al equipo de los Danieles: Este equipo tiene un desafío importante y es demostrar que no se necesita el permiso de ningún empresario, ningún jefe político, ningún magnate, ningún ‘yupicito’ capitalista para opinar, porque el dueño de la libertad de prensa es el público y no los funcionarios, los escritorios de lujo ni las cajas fuertes.”

PANORAMA Y CUARTO PODER.

Fotografía cortesía:: https://www.las2orillas.co/

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